ABC 22.07.11
Muchos españoles no creen que Rubalcaba
acabe pagando por lo hecho. Porque le creen capaz de cualquier cosa
Nos pide el ministro del
Interior, Antonio Camacho, que le juzguemos por su gestión al mando del
Ministerio que acaba de asumir. En un futuro. Con paciencia. Como sus
compañeros de Gobierno cuando nos piden que les creamos, el ministro del
Interior nos pide un imposible. Primero, porque nadie cree que vaya a pasar
muchos meses ya a la cabeza del Ministerio. El Gobierno está muerto. Y no
resucitará por mucho que Zapatero se obstine por continuar unos meses más y nos
haga beber hasta las heces de esta pócima venenosa de su legislatura. El
ministro del Interior debe hacerse a la idea de que todas sus comparecencias
ante la prensa serán como la de hoy. Que nadie querrá saber nada de él sino la
verdad sobre el escándalo Faisán. Y que cada vez es más probable que la única
conferencia de prensa suya con interés real, antes o después de dejar de ser
ministro efímero, sea la que se produzca después de su procesamiento por
aquella infamia. Su antecesor y jefe en el Ministerio volvía ayer con la
milonga de que «aquello» del Faisán no es nada porque todos los etarras
están en la cárcel. Siempre nos tomará por idiotas nuestro inefable Rubalcaba.
Como si fuera lo mismo coger a unos criminales con las manos en la masa,
expuesta toda su infraestructura y sus contactos, a cogerlos un mes más tarde
perfectamente avisados, con todas las pruebas destruidas, todos los contactos a
cubierto y bienes e información a buen recaudo. El daño del sabotaje a la
operación policial es inmenso. Y el hecho de que Rubalcaba ya no encuentre
otros subterfugios que negar los daños de la operación de ayuda a ETA demuestra
que considera ya inútil negar su existencia. El problema de Rubalcaba, de
Camacho y de los tres jefes de ese núcleo de policía política de los
socialistas, es que ya sólo pueden utilizar el argumento de que era necesario
violar la ley para llevar a buen fin su plan de buenas intenciones. Y resulta
que es idéntico al argumento esgrimido en defensa de los implicados en el
proceso de los GAL. Como idéntico ese otro, igual de perverso, que esgrime los
logros en la lucha contra ETA de los implicados como garantía de que «sólo»
violaban la ley para una buena causa. No otra cosa se dijo del general Galindo.
No podrán rebajar a la sociedad española a compartir esta concepción, no ya
flexible sino líquida, del Estado de Derecho y de las leyes. No se aceptó que
se violaran las leyes para luchar contra los enemigos del Estado. Difícilmente
tendrá aprobación social que se violaran en una colaboración continuada con
ellos en busca de objetivos compartidos, que es en lo que degeneró el mal
llamado Proceso de Paz.
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