Por HERMANN
TERTSCH
ABC Martes,
18.01.11
Se
trata de la Ley del Trato Igualitario o de antidiscriminación, que es el golpe
de gracia contra el Estado de Derecho
ESTÁN nerviosos. Porque el plan
era quedarse. Abolir la alternancia entre los dos grandes partidos por medio de
una alianza permanente con todo el espectro secesionista. Que expulsara al
Partido Popular del sistema. Su diseño estaba definido en el Pacto del Tinell.
Habría sido la victoria postrera de la impoluta y gloriosa II República, la
victoria que Rodríguez Zapatero le debía a su abuelito. Y el final de la
Transición y la Reconciliación Nacional que consideran una farsa superada.
Había que dividir otra vez a España en dos partes, homologables a las que supuestamente
hubo entonces. Y readjudicar el papel de vencedores y buenos y derrotados y
malos. Parece que no va a poder ser. El desastre económico, la ineptitud de la
dirección y la propia lógica demencial del objetivo lo han impedido. Pero la
traca final de esta legislatura puede helarnos a todos el corazón. La llegada
de Rubalcaba al mando marcó el final del tiempo en el que apostaban por un
vuelco gracias a una recuperación. La mentira ya no era eficaz y la remontada
imposible. Ahora llega el tiempo del miedo. Están dispuestos a utilizar todos
los medios del Gobierno y el Estado para acabar con el rival. El miedo
callejero queda a iniciativa de sindicalistas y de esos jóvenes sabedores que
todo vale contra los fascistas y que lo somos todos los demás. Pero las formas
más sutiles para callar bocas ya toman forma. Ayer el ministro Ramón Jáuregui
anunciaba la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que
enjuiciará y sancionará programas y televisiones que, en su opinión, generen
clima de crispación o fomenten «valores devaluados de convivencia». No
sean ilusos, no van a por Belén Esteban ni sus socios de la Noria. Es que la
nueva pluralidad televisiva no les gusta. La consideran culpable de su
desastrosa situación en los sondeos. Rompe aquella deliciosa armonía que
existía con la supremacía total del izquierdismo en televisión. Pero llega otra
ley para acallar a todos. Con el miedo y la delación. Se trata de la Ley del
Trato Igualitario o de antidiscriminación –cocinada bajo Leire Pajín– que es el
golpe de gracia contra el Estado de Derecho. Un comité designado por el
Gobierno, sin mediación judicial, se dedicará a «prevenir, eliminar y corregir
toda forma de discriminación en el sector público y privado». Actuará por
iniciativa propia o por denuncias. Y la carga de la prueba recae sobre el
denunciado. Tendrá que demostrar su inocencia. «Corresponderá a la parte
demandada (....) la aportación de una justificación objetiva o razonable».
Dice
el borrador de la ley: «Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o
práctica» tipificada. Prohibidos los criterios. Como cualquier cosa puede
tacharse de discriminación –toda elección, toda decisión lo es– la ley otorga
al Gobierno poder absoluto para intervenir en conductas individuales, empresas,
organizaciones, relaciones personales o asociativas. El Gobierno tendrá
capacidad de intervención en todas y cada una de las actuaciones y relaciones
privadas y públicas de los individuos. Plena discrecionalidad. Una ley de leyes
de ingeniería y experimentación social propia de una novela de terror
totalitario. Que ningún gobernante occidental en sus cabales sugeriría siquiera
en broma. Un puro delirio totalitario. Son las armas que el Gobierno prepara
para intentar impedir la alternancia democrática. No perdamos los nervios. Pero
sepamos la que se nos viene encima.
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