ABC Jueves, 12.09.13
El
Ejecutivo autonómico catalán quiere romper el Estado y el marco jurídico que
todos los españoles acordaron otorgarse por abrumadora mayoría. El Gobierno de
Rajoy no puede seguir inhibiéndose ni dialogando en la sombra con los
sediciosos que incumplen
El
desafío del nacionalismo catalán contra España ha desbordado nuestro marco
legal. No caben ya más intentos de buscar componendas imposibles. Es tiempo de
encarar de frente y con la ley en la mano un reto que amenaza nuestro modelo de
convivencia y la propia continuidad de España como tal. Hoy asistimos a una
sedición en toda regla por parte del Gobierno catalán. Ya no camuflan su meta,
se trata de destruir España, una de las naciones más antiguas de Europa. EL
Ejecutivo de Artur Mas se ha alzado abiertamente contra nuestro ordenamiento
legal, aprobado libremente en democracia. La Generalitat amenaza con organizar
un referéndum inconstitucional. Además, desoye sistemáticamente las sentencias
del Supremo y el TC cuando no se pliegan a sus dogmas. En una Cataluña con
problemas económicos agudísimos, Artur Mas ha sido incapaz de aprobar los
presupuestos, el primer deber de un gobernante. Su único programa es la
persecución sectaria de todo lo que tenga el mínimo poso español, en un afán de
romper las amarras afectivas seculares y fomentar la independencia. Los
sediciosos trabajan a tiempo completo contra España, la nación de la que
siempre han formado parte, pues Cataluña jamás ha sido independiente.
Reescriben la historia con mentiras, que se inculcan desde las escuelas, donde
se fomenta la aversión a lo español. Se miente también sobre la financiación,
cuando, por ejemplo, ABC acaba de recordar con datos oficiales que el Estado
destina a cada catalán un 20,6% más que a un valenciano, o un 7% más que a un
madrileño. La televisión autonómica, que cuesta casi trescientos millones
anuales a las arcas catalanas, se ha convertido en un aparato de propaganda
continua a favor de la independencia. Los medios privados son subvencionados
para que se avengan a las tesis del poder separatista. El español, el idioma
más hablado en Cataluña, está prohibido de facto en las escuelas y en los
rótulos. La Generalitat incumple las sentencias ante la mirada abúlica del
Gobierno y la pose filonacionalista del PSOE, que no acierta a embridar al PSC.
En
resumen: está en marcha una operación de gran calado, sufragada con dinero
público, para lograr en breve la independencia de Cataluña. Se da incluso el
sarcasmo de que la Generalitat, rescatada por el Estado porque es incapaz de
afrontar sus deudas y colocar sus bonos, destina parte de ese apoyo económico a
financiar la demolición de España, de la que siempre ha formado parte y gracias
a cuya solidaridad camina.
ABC
tiene entre sus principios irrenunciables la defensa de España, de su unidad y
de su sistema de libertades. Por eso ha llegado la hora de señalar que el
Gobierno no está actuando con la diligencia debida ante el envite del
nacionalismo catalán. Mantener una agenda secreta con Mas o buscar un perfil
silencioso ante un desafío mayúsculo son tácticas que reflejan una actitud
acomplejada ante el separatismo. El Gobierno ha renunciado a explicar a los
catalanes y al resto de los españoles que la Generalitat está vulnerando
flagrantemente las normas de nuestra democracia. Y lo que es peor, no obliga al
infractor a cumplirlas, una desidia que pone en riesgo la propia integridad de
España. El Gobierno no ha hecho pedagogía. No responde políticamente a la
batalla propagandística que ha entablado la Generalitat. No existe un
contradiscurso que cuente la verdad frente al bulo del «España nos roba» y la
mixtificación del pasado.
La
historia de la democracia española ha sido la de constantes cesiones a los
nacionalismos disgregadores, error en el que han incurrido tanto PSOE como PP.
Los sucesivos modelos de financiación se han diseñado al dictado del
nacionalismo catalán. Zapatero, que hizo un daño incalculable a la estabilidad
de este país, abrió la caja de Pandora estatutaria, dando alas al separatismo.
Rajoy acaba de aprobar un déficit a la carta para Cataluña y negocia en la
sombra un estatus económico específico, discriminador para el resto de los
españoles. Las lecciones de la historia son concluyentes. Las concesiones no
calman las ansias secesionistas, al revés. Cada renuncia es solo la antesala de
una exigencia mayor, hasta llegar a la ruptura del Estado, objetivo por
naturaleza de los partidos nacionalistas.
La
vicepresidenta del Gobierno ha declarado que frente al envite de los
insurgentes catalanes habrá «diálogo y Constitución». Pues no. Lo que debe
haber es Constitución y cumplimiento de la ley, utilizando si es menester todas
las herramientas que prevé la Carta Magna. Una vez que los sediciosos acaten el
marco legal será cuando se pueda dialogar, no antes. La política del perfil
bajo supone además dejar a su suerte a los millones de catalanes que se sienten
españoles, acosados por la Generalitat, que fomenta el odio a España y a
quienes se identifican con ella. ABC, en congruencia con su historia y sus
principios, pide al Gobierno un cambio de rumbo y que tome las medidas
necesarias para defender la unidad de España, tal y como demandan la mayoría de
los españoles. De poco valdrá superar la crisis económica si lo que queda al
final es una España mutilada.
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