ABC 08.11.07
Los problemas de cierta izquierda europea para enfrentarse
con la realidad y buscar soluciones fuera de las intoxicaciones ideológicas y
sin ingeniarse enemigos imaginarios es una de las peores catástrofes del siglo
XX y por lo que se ve, también del XXI. La izquierda mediterránea en especial,
la menos seria y más faldicorta, suele resolverlo con el recurso directo a la
mentira y la negación de lo obvio.
Se
dice que lo blanco es negro y que la niña que sangra no está herida y quien ose
pretender lo contrario es tachado de miserable difamador fascista que ha de ser
lanzado a los lobos mediáticos domesticados. Esto resulta bastante fácil en
tiempos de bonanza, cuando a la mayoría poco politizada, tan práctica ella, le
da bastante igual el discurso general porque poco afectan a su propia seguridad
y bolsillo la falta de honestidad intelectual en el análisis y le genera buena
conciencia el tonto sentimentalismo de las soluciones.
Italia
es hoy con España, aunque con un gobierno ideológicamente menos intoxicado que
el de Madrid, el ejemplo más claro en la Unión Europea de esa agitación y
propaganda de la estulticia que impide toda solución a los problemas. Porque
los niega y oculta hasta que son incontrolables y porque deforma después causas
y efectos para ocultar responsabilidades e impide rectificaciones porque aunque
carece de principios está sobrada de dogmas que atan de pies y manos a quienes
podrían buscar soluciones.
Los
efectos de esta perversión intelectual no tienen por qué alcanzar los niveles
grotescos de la subcultura izquierdista española cuando intenta explicar los
problemas que genera la inmigración sin control. Ni cuando desacredita los muy
explicables y legítimos temores y la profunda inseguridad y desazón de las
poblaciones menos privilegiadas de la sociedad ante la destrucción del entorno
social y cultural propio.
Pero
las realidades son tozudas y el Gobierno de Romano Prodi ha tenido que
aceptarlas aunque solo parcialmente y de forma vergonzante. Visto lo que
tenemos en España, esta rectificación en la miseria política del pensamiento
izquierdista en Italia se nos antoja un lujo. El gobierno italiano ha
promulgado un decreto que es tan lógico que ha provocado indignación entre los
más conspicuos seguidores de la bondad irresponsable, la peor culpa de un
gobernante frente al bien común de una ciudadanía que, como representante
democráticamente elegido, ha jurado defender.
Quizás
el viejo profesor Prodi se haya dado finalmente cuenta de que la vida tiene
reglas que solo Zapatero y su ministro Caldera saben ignorar a largo plazo.
Nadie se atreve a decir en Europa que la integración de Rumania en tan breve
lapso y con condiciones tan laxas tiene hoy unos efectos nefastos en el resto
de Europa y para nada buenos en el propio país en el que las reformas son
dinamitadas por una cleptocracia que fomenta tanto la emigración como la idea
común de que hay que buscar cobijo donde las leyes no se cumplan.
España
e Italia
No es
casual que los rumanos, no sólo su inmensa minoría gitana, hayan llegado a la
conclusión de que los países europeos donde menos se cumplen las leyes y más
impunidad existe son España e Italia, por este orden. Sean 500.000 en Italia o
en España los rumanos llegados en los últimos años, lo cierto es que han
llegado por el efecto llamada que supone el hecho de que el clima es bueno. No
hablamos de meteorología.
Los
gitanos rumanos, de todos los Balcanes, que desde la Edad Media -también bajo
el implacable régimen fronterizo de Ceaucescu y en pleno Pacto de Varsovia-,
tenían rutas fijas y transitadas para comerciar con gentes, productos y
razones, han asumido el mensaje de que en Italia y España las leyes se cumplen
menos.
Algún
necio pensará que esto es un alegato antirrumano o antigitano. Quien conoce
bien a los gitanos transilvanos de Sibiu (la antigua Hermannstadt) o de Tirgu
Mures o Siguishoara y sabe de los efectos demoledores sobre la moral social
colectiva que el comunismo -y la miseria y los fanariotas- han tenido en los
Balcanes más profundos, sabe que solo la ley y la firme disposición del Estado
de Derecho a ejercerla puede tener los efectos de educación y formación en
individuos que tienen una cultura formada para violar leyes justas o no.
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