ABC 06.10.09
HAY que quitarse el sombrero ante la diligencia y premura
que ha mostrado el juez Baltasar Garzón para reclamar a los piratas detenidos
en el secuestro del pesquero bermeano Alakrana. Incluso en los momentos de
zozobra que vive y que podrían poner fin a su carrera judicial, esta toga tan
manchada por el polvo del camino de la política, no corre sino vuela. Cuando le
apetece. Vamos a ver qué pasa finalmente con el Alakrana, secuestrado fuera del
llamado perímetro de seguridad impuesto para pescar. Son muchos los que parecen
querer culpar ya a los secuestrados. Y ya se oyen por ahí voces que sugieren
que los piratas son en general unos patriotas somalíes que defienden su riqueza
pesquera del expolio de los pesqueros extranjeros en aguas internacionales.
Tiene sus riesgos esa prisa de Garzón y la fiscalía de la Audiencia Nacional
por traerse a los piratas para España. Porque ya veremos en qué quedan las
negociaciones y cuáles van a ser las cesiones que este Gobierno de España va a
hacerles a los piratas. Tendría gracia que una vez aquí los dos filibusteros
hubiera que pagarles, unos meses más tarde, los vuelos de vuelta como propina
del rescate que cobrarán sus camaradas. Que volverá a ser, como en casos
anteriores, una magnífica inyección de medios y prestigio para la industria del
secuestro. Y cargará de razones a los pesqueros del País Vasco, nunca muy
entusiastas de ondear la bandera nacional, para poner cualquiera menos la que
tienen el deber de llevar bien visible. Quien haya visto en los últimos años
alguna bandera española en los barcos atracados en los puertos de Bermeo,
Ondárroa o Pasajes que nos lo cuente. Ya está claro que llevar la bandera
española en aguas internacionales en ciertos caladeros es más peligroso que
llevarla en la solapa en el Goiherri.
Pero ya que hablamos de las prisas y diligencia del juez
Garzón y la fiscalía con el caso del barco con nombre de un bicho más bien
molesto, el alacrán, recordemos otro caso con nombre de animal, magnífica
vianda y ave simpática, el faisán. Porque aquí es donde está el escándalo
mayúsculo que también tiene que ver con ese relativismo moral de la tradicional
política de apaciguamiento de este Gobierno. El mismo día en que Garzón y la
fiscalía hacen este ejercicio de premura, el fiscal Javier Zaragoza ha pedido
el archivo del caso Faisán, un caso con tres imputados que lleva más de tres
años dormido -escondido- en el despacho del frenético togado estrella. Supongo
que alguien se acordará. Era en plena tregua, cuando Otegui era un hombre de
paz, Josu Ternera un personaje solicitado y nuestro Gran Timonel entendía las
motivaciones de los jóvenes abertzales. El propietario del Bar Faisán de Irún,
Joseba Elosua, recibió un teléfono de un desconocido. A ese teléfono le
llamaron para advertirle que no debía mantener una reunión proyectada con los
jefes del aparato financiero de ETA porque estaba siendo vigilado. Así se
frustró la detención de los terroristas que tenía proyectada el juez Fernando
Grande Marlaska. El sumario fue declarado secreto y lo único que se ha sabido
de aquel caso fue el auto emitido por Garzón para eliminar las sospechas que
recaían sobre el ex comisario Fernando Mariscal, que era jefe de seguridad del
PSOE. Ahora dice la fiscalía que olvidemos la cuestión. Cuando la cuestión es
ni más ni menos si hubo colaboración entre miembros de las Fuerzas de Seguridad
y ETA para evitar detenciones en pleno idilio de la paz perpetua. Este intento
de enviar al olvido ese sumario que tiene Garzón es probablemente uno de los
mayores escándalos desde el GAL. Porque todo apunta a que miembros de la
Policía colaboraron con la organización terrorista por orden del Gobierno y
para conseguir sus objetivos políticos. Si un Gobierno es capaz de esto, es
capaz también de utilizar a la Policía contra la oposición. Y es capaz de todo.
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