ABC 23.07.07
Los defensores del secuestro de la revista «El Jueves» a
iniciativa del fiscal general del Estado, Conde-Pumpido -entre ellos el
director de ABC, ayer, en la Tercera- tienen sin duda razón cuando aseguran que
hay sólidos fundamentos jurídicos que justifican la medida. Los han explicado
muy bien. Han argumentado impecablemente todos ellos que criticar la medida por
los efectos perniciosos que la aplicación de la ley pudiera provocar es una
grave perversión del concepto que hemos de tener del respeto a la ley. Estoy
absolutamente de acuerdo. Incluso después de haber visto los explosivos efectos
en la difusión de la injuria que ha tenido esta vertiginosa reacción de un
fiscal general del Estado tan dormitante en tantos otros casos en los que la
opinión pública y el Estado de Derecho exigían de él un cierto celo en la
persecución de la apología del terrorismo u otras actividades delictivas de
diversos interlocutores terroristas de su adorado y adulado presidente del
Gobierno. No podemos criticar que alguien cumpla con su deber por mucho que
recordemos cuántas veces no lo ha hecho y cuánto ha defendido precisamente
consideraciones sobre pertinencias políticas de la aplicación de la ley.
Y sin embargo, me van a permitir hoy que haga uno de esos juicios de intenciones tan desacreditados a la hora del análisis de la realidad nacional. Espero me perdonen ustedes si les confieso mi profunda convicción de que el secuestro de la revista es tan poco inocente como la caricatura misma y que la difusión planetaria de la viñeta injuriosa y su mensaje explícito e implícito es un efecto deseado. Para los que creían que esa revista había dejado de existir hace años, la mayor sorpresa no ha sido saber de su subsistencia marginal, sino el comprobar que el por lo demás despistado fiscal es un lector de la misma o al menos un avisado conocedor de sus contenidos.
El «animus iniurandi» del triste cutrerío de la revista de marras es evidente. Pero nadie debería dudar tampoco del de aquéllos que gracias al insólito celo de Conde-Pumpido han podido levantar ya para toda la prensa nacional e internacional una veda ya semiabierta en medios cercanos al Gobierno socialista contra los miembros de una de las pocas instituciones medianamente sólidas tras tres años y medio de legislatura zapateril. Grave no es ya una caricatura obscena sobre los Príncipes o las tan frecuentes sobre Cristo o sobre Dios, en una revista que en su día publicó una viñeta en la que el dibujante reconocía no pintar una caricatura de Mahoma por «cagarse de miedo». Los dibujos y las expresiones de la viñeta «no eran necesarios, por su grosería, para el mensaje», dice el fiscal general. Lo malo, señor fiscal, no es la grosería que a esa revista se le presupone. Es el mensaje. Por eso, preocupante resulta lo muy plausible que es la sospecha de que la intervención correcta del Estado de Derecho sólo se ha producido con intención de debilitar a uno de sus propias instituciones.
Más allá de la hipocresía de esos defensores del secuestro que se hubieran lanzado a la calle a defender «la libertad de expresión contra el fascismo» si esta medida la hubiera tomado un Gobierno no socialista, nadie que haya seguido la trayectoria de este fiscal general puede creerse seriamente que tome tal iniciativa sin consultarla con su amo político. Para la ofensiva radical que los socialistas diseñan para movilizar de nuevo a quienes sacaron a votar con la agitación previa al 14-M, nada mejor que la caricatura bolchevique del zarevich lujurioso y vago en su «mansión», agravio constante para los jóvenes sin vivienda, víctimas del «brutal sistema» y «liberalismo salvaje» (neoministra Carmen Chacón dixit).
Puede resultar una injusticia acusar a alguien de actuar correctamente. Lo malo es que resulte sospechoso que lo haga y que tantos españoles estén convencidos de que lo han hecho con intención -perfectamente cumplida- de perjudicar a quien aseguran defender.
No hay comentarios:
Publicar un comentario