ABC 02.07.09
LA verdad es que somos un país de coña del que nos podríamos
reír todos mucho si las gracias no llegaran preñadas de miseria, mezquindad o
tragedia. Como tenemos gobernando a generaciones de políticos surgidos de las
más oscuras madrigueras de la ignorancia, que no tienen la más remota idea de
lo que es un Estado de Derecho, aquí cada cual se hace de su capa un sayo y
después a tirar millas. No son ya solo trileros de la cosa pública, son
procaces salteadores de los caminos de la ley y del derecho. Son los mismos que
se escandalizan porque todas las instituciones constitucionales hondureñas -y
por desgracia también muy a destiempo el ejército- se hayan levantado contra
los intentos de golpe de estado del presidente hondureño Zelaya. Pero no debe
extrañar porque los golpistas vocacionales son ellos y las leyes fundamentales
les traen al pairo. Quienes ignoran las leyes fundamentales, aquí, en Barcelona
y en Tegucigalpa, son golpistas. Quienes están aboliendo la Constitución
española en Cataluña no son otra cosa. Y el paso dado ayer en el parlamento
catalán con su ley de educación no es otra cosa. Un putsch no tiene
necesariamente que verse escenificado con la detención de Víctor Jara. Un golpe
puede ser sangriento o no. Y cuando no lo es puede tener consecuencias trágicas
más tardías. Pero quienes violan las leyes básicas con la contumacia con la que
lo hace la mayoría socialista nacionalista o a la inversa en Cataluña son tan
putschistas como su héroe Companys.
Ese es el término justo y exacto para definirlos. Lo
grave es que quienes tienen la máxima responsabilidad de poner coto a tanta
barbaridad y a ese golpe de estado permanente llevan varios años siendo
cómplices necesarios de los putschistas. En la mayoría de los periódicos
digitales españoles aparecía ayer como una noticia «normal» el hecho de la
aprobación por parte de un Gobierno regional español de una ley que viola la
constitución, desprecia las sentencias del Tribunal Supremo de España y se mofa
de los derechos de millones de españoles que viven en esa región nororiental de
nuestra patria que se llama Cataluña.
Es una
vergüenza, es una coña como ya hemos dicho, pero sobre todo es una terrible
afrenta a las leyes democráticas de nuestro Estado de Derecho que se ha
construido, desde el final de la dictadura con honradez, esfuerzo e ilusión de
muchos millones de españoles e innumerables políticos y funcionarios decentes.
Es una vergüenza infinita que el Tribunal Constitucional de España, en un acto
de permanente e interminable desprecio a la ciudadanía española, todavía no
haya aclarado las mil sospechas de inconstitucionalidad de un Estatuto catalán
que se está desarrollando por vía de hechos consumados en su mayoría
irreversibles. Es un escándalo, es una indignidad y es una traición a la
constitución que por conveniencias de mezquindad política partidista el Estado
de Derecho haya hecho absoluta dejación de su deber de defender a la ciudadanía
frente a los nuevos caciques del nacionalismo socialista. Llámenlo como quieran.
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