ABC 22.03.13
Se trata de echarles un pulso al Estado y al Gobierno. Y de
sembrar el terror
EL dirigente del PP Esteban González Pons es uno de los
miembros de ese partido que ha sufrido ya el acoso de sus domicilios por parte
de concentraciones de la llamada Plataforma Antidesahucios (PAH). Los
activistas de esta organización entraron en el portal por la fuerza, subieron
al piso de su vivienda y estuvieron 45 minutos aporreando la puerta,
insultándole a él, que estaba ausente. Dentro de la vivienda estaba al menos un
menor que no sabemos cómo vivió el larguísimo acoso de la turba en la puerta de
su casa. Esta operación, calcada a los actos de repudio que organizan los
siniestros Comités de Defensa de la Revolución contra disidentes, responde a
una estrategia anunciada por esta plataforma en televisión. En un programa de
máxima audiencia, su caudilla, Ada Colau, proclamó su política de acosar a los
políticos allá donde estén, también en sus domicilios particulares, hasta
obligarles a asumir la posición de la Plataforma y comprometerse a votarla. El
anuncio de una campaña de coacción directa sobre parlamentarios para forzarles
a adoptar bajo intimidación una posición que obviamente no es la suya, se
confirmó en aquel programa.
En cualquier país europeo me atrevo a decir, este anuncio
mismo habría sido objeto de denuncia inmediata. Por parte de los parlamentarios
de todos los partidos y de la fiscalía del Estado. Ningún parlamentario habría
aceptado sin rechistar que líderes autonombrados de movimientos incontrolados y
radicales se arrogaran el derecho y proclamaran su intención de imponerles una
opinión por la fuerza. En España, sin embargo, la izquierda no se distancia de
este acoso extraparlamentario cada vez más grave. Al contrario. Cayo Lara, pero
también sindicalistas y socialistas, hablan de tomar la calle para imponer su
voluntad a un Gobierno que cuenta con el máximo respaldo jamás habido en
nuestra democracia. Y que tiene no sólo el derecho, sino el deber de aplicar su
política. Y de mantener intacto el monopolio de la violencia del Estado.
Siempre que se quieran respetar las reglas de la democracia. Porque eso es lo
que ahora está en juego.
Gran parte de la izquierda española, manifiestamente incapaz
de presentar una opción política alternativa y un programa de reformas distinto
al que el Gobierno y la UE están aplicando en España, apuesta por la calle.
Porque ha perdido la esperanza de recuperarse del terrible varapalo electoral
que se llevó. Parece que los sensatos en la izquierda se han desvanecido o
están derrotados. Apuesta por unas organizaciones izquierdistas radicales muy
minoritarias que niegan directamente al Gobierno su legitimidad democrática. Y
quieren ganar su primera victoria en la calle con una cuestión que moviliza
muchos sentimientos y solidaridad porque en ella se visualiza -y televisa a
todos los hogares españoles- la faceta más brutal de la tragedia de la crisis
en personas concretas. Hablamos de los desahucios. Sus lemas son de una
facilidad radical. «Exigimos ni un desahucio más. Alquiler social y Condonación
de la deuda», decían ayer en su enésimo allanamiento de propiedad. Al tiempo
que piden condonación de la deuda piden gasto público. Nadie sugiere ante lema
tan bondadoso, que si no queremos comer piedras tenemos que pedir dinero
prestado. Y que, para recibirlo, conviene no tener fama de ser contrario a
pagar las deudas. Pero aquí no se habla de economía. Ni de ayudar a los más
necesitados. Porque ahí habría fácilmente acuerdo. Que no necesitan ni quieren.
Aquí se trata de echarles un pulso al Estado y al Gobierno. Y de sembrar el
terror. La socialización del sufrimiento fue una estrategia etarra de éxito,
recuerden. No es otra la que ahora pretende sembrar el miedo. Desde una
vocación inequívocamente totalitaria y violenta.
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