Por HERMANN TERTSCH
ABC 25.09.12
Aquí parece que todos consideran ya tener derecho a hacer
daño al prójimo por el mero hecho de sentirse agraviados
PUES no, miren, no voy a recitarles las muy manidas bondades
del sacrosanto derecho de manifestación. Menos hoy, día en el que golpistas de
diverso signo han convocado una manifestación para acosar al Congreso, ejercer
presión psicológica y física sobre los representantes de nuestra soberanía y su
sede. Hoy, ni una concesión a la retórica cursi y hueca, además de mentirosa,
de que todas las ideas son respetables. Ni respetables ni dignas de ser
toleradas son esas ideas que se alimentan de la coacción y la violencia. Dicen
que vienen ultraderecha y ultraizquierda. Nazismo e izquierdismo, hermanados
como siempre en lo fundamental, la lucha contra la libertad, dicen que se
concentran con la intención de ocupar el Congreso. De asaltar el sancta
sanctorum de la Democracia y el Estado de
Derecho. Y se ha decidido que tienen derecho a ello, a manifestarse. No estoy
de acuerdo. Yo creo que no hay derecho. Y no hay derecho a que la izquierda
institucional en España se permita tanta condescendencia cuando no complicidad
con este vandalismo político. Les diré, no se escandalicen, que estoy en contra
de ese derecho de manifestación si tiene que ejercerse como se hace en Madrid
en estos años y meses. Exactamente desde que la izquierda socialista vio que
tenía perdidas las elecciones generales en el Séptimo Año Triunfal del
Innombrable. Entonces se alió con comunistas, perroflautistas, antisistema y
sindicatos. Y todos juntos pusieron en marcha la maquinaria de agitación de la
izquierda para adaptarse a la nueva situación de la lucha callejera.
Desde entonces los madrileños se zampan alguna manifestación diaria y un puñado
los fines de semana. Algunas son legales con comunicación previa. Otras ni eso.
Basta media docena de cabreados con una bandera sindical para que corten una
calle en el centro. Si son treinta bloquean el tráfico en la Castellana. Y si
llegan a cincuenta pretenden asaltar la sede del partido del Gobierno. Y si son
cien consideran tener derecho para paralizar el tráfico en la capital de España
durante horas. Con cientos de miles de víctimas que pierden paciencia, salud,
dinero y tiempo. Aquí parece que todos consideran ya tener derecho a hacer daño
al prójimo por el mero hecho de sentirse agraviados, molestos o contrariados. Y
por supuesto en la más absoluta impunidad. Ni se multa a los sindicatos que
convocan acosos ilegales, ni se sanciona a quienes agreden a viandantes y
conductores con invasiones de calzada, ni se persigue a quienes causan daños al
patrimonio público y a los ciudadanos. Esa convicción de que si yo estoy
molesto por algo tengo el derecho a obligar a los demás a estar igual de
molestos o más viene a ser, salvando las distancias, la cultura de la
socialización del sufrimiento que propugnan los terroristas. Y sólo esa lógica,
y la convicción de que la impunidad en España está garantizada, explica por qué
cierta gente se cree con derecho a reaccionar con absoluta desproporción a la
afrenta que creen haber sufrido. Véase quienes al parecer molestos con el
precio de una entrada en Vallecas, causan inmensos destrozos en el sistema
eléctrico. Con un sabotaje que pudo haber causado víctimas, tanto entre los
técnicos como entre las miles de personas que esperaban acceder al estadio.
Aquí todos explican todo y nunca paga nadie por las agresiones gratuitas. El
islamista fanático, el sindicalista o el minero, el hooligan irritado
o el nacionalista ofendido, aquí todos tienen derecho a hacerle la puñeta,
reventarle el día o la vida a otro porque están cabreados con el mundo. Y no
pasa nada. Lo harán por la fuerza. Pero no hay derecho.
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