VERIFICACIONES GUIRIS AND CO.

Por HERMANN TERTSCH
  ABC  27.01.12

QUIZÁS ya sepan que tenemos de viaje por Francia y España una «Comisión Internacional de Verificación». Ahí es nada. No, no crean que son parte de esos autodenominados «observadores internacionales» que han acudido al llamamiento de juez Baltasar Garzón para montar el espectáculo de desacato a la Justicia española para mayor gloria del juez protomártir. Los juristas izquierdistas y despistados que Garzón ha convocado, han venido a descalificar al Tribunal Supremo y a las instituciones españolas. Bajo esa mentirosa denominación como si vinieran a Zimbabue, encargados por organismos internacionales o gobiernos a vigilar la conducta de indígenas y primitivas instituciones. Son internacionales en la medida en que son extranjeros. Pero son tan solo amigos en sus lobbies izquierdistas, eso sí con conexiones para conseguir que parte de la prensa extranjera haga el ridículo con sus fantasmas del franquismo y la persecución al juez que llora. La «Comisión de Verificación Internacional» es otra cosa. Aunque igual de impostora, por supuesto. Son cinco altos funcionarios jubilados de diversos países, que se ganan su sobresueldo con este tipo de operaciones oficiosas en la lucrativa industria de la mediación y la sentimentalidad política de la izquierda, mundo en el que, por cierto, Garzón es el puñetero amo. Están «verificando», dicen, el alto el fuego de ETA, por encargo de otro de los grandes listos en este negocio que es el mediador Brian Currin. Todos forman parte del elenco para el desarrollo del programa que establecieron ETA y el Gobierno Zapatero en su gran apaño. El que culminó en la grotesca Conferencia de San Sebastián. Ahora están preocupados los gestores de este programa que Zapatero negoció a espaldas de los españoles. Y que llevó a ETA —como Bildu y Amaiur— a las instituciones españolas y a grandes cotas de poder en el País Vasco. Están preocupados porque el programa acordado por Zapatero con ETA incluía la salida de los presos de las cárceles.

De forma más o menos rápida. Era, junto a la legalización, el pago por ese cese definitivo de las armas, en un principio diseñado para dar la victoria a Zapatero en las urnas. Después llegó la crisis y Zapatero fue cadáver político. Pero ETA y su tropa reclaman se cumpla esa parte del trato. Y amenazan, aun de forma larvada, con que «no habrá paz sin amnistía», como gritaban recientemente en Bilbao. Con lo que no contaban era con un Gobierno que respetara el Estado de Derecho. Y la dignidad de las víctimas. Mal asunto.

El nuevo Gobierno ha prometido que aquí no se mueve nada hasta que ETA se disuelva y entregue las armas. Se lo exige una inmensa mayoría de los españoles. Las victimas exigen además que, incluso entonces, todo preso cumpla su condena íntegra salvo que se ofrezca a colaborar con la Justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos aún no aclarados. Y siempre de forma individual, con arrepentimiento expreso y reparación a las víctimas. Así las cosas los llamados verificadores están preocupados porque se les puede acabar el chollo. Y se han ido a ver a ETA. Para decirles que no se paseen con las armas. Que Francia está muy seria. No vaya a pasar algo. Y ahora vienen y nos dicen que ETA promete portarse bien. Nunca sin la impertinente exigencia de que el Gobierno ceda. Los verificadores se esfuerzan por ser necesarios. No han verificado lo que ha sucedido en España. Que la infame operación de la que forman parte se ha acabado. Que de ETA sólo queremos su disolución y las armas. Y que nuestros verificadores son la policía y la Guardia Civil.